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Esto, por encima de todo, es un regalo de Reyes. Eso es lo que importa, más que cualquier otra cosa o consideración.

Sin embargo, tiene una historia, y las historias deben contarse desde el principio y por su orden. Así suelen entenderse más cumplidamente.

Allá por la primavera de 2023 me invitaron a la Feria del Libro de San Fernando, Cádiz. La fecha no me encajaba, por una serie de complicaciones familiares y profesionales. Sin embargo, tanto se me insistió desde la Concejalía de Cultura, y tanto se trabajó desde ella para facilitar el viaje, que acabé haciéndolo. Fui allí, me encontré con los lectores de San Fernando, compartí unas horas gratas con el presentador, el escritor gaditano Montiel de Arnáiz, los libreros y el personal de la Concejalía de Cultura y de la Feria. Todo bien. Me gusta ir siempre que me sea posible a San Fernando, porque me gusta Cádiz, también su paisaje, sus gentes y su historia, y es además la patria chica de Virginia Chamorro, uno de mis personajes más queridos.

La parte menos buena vino después. Al ir a facturar los honorarios, me encuentro con que debo presentar la factura vía FACe. Para quienes no estén al tanto de estos entresijos burocráticos, es un procedimiento por el que el contribuyente da de alta la factura, previamente elaborada de forma electrónica, en el registro de la Administración para que esta la valide y proceda al pago.

Es un sistema que traslada buena parte de la carga burocrática al administrado, y que le obliga además a cambiar todo su sistema de facturación: no basta con hacer una factura en formato electrónico o firmarla por ese medio —como hacemos con relativa frecuencia los autónomos—. Hay que implantar un sistema nuevo que genere la factura electrónicamente de un modo verificable según establece la ley. Un sistema que, además del coste administrativo, tiene un coste económico.

Al encontrarme con esta exigencia, protesto. Conozco mis derechos, y este sistema, que es obligatorio para las personas jurídicas desde el año 2013 en sus relaciones con la Administración en virtud de la Ley 25/2013, resulta opcional para las personas físicas, que es como facturo —jamás he tenido ninguna sociedad interpuesta a estos efectos, a diferencia de otros—. En la práctica, esta sobreexigencia administrativa y económica es una forma de impuesto, y por eso, con buen criterio, se dispuso por medio de una norma con rango de ley, que es la que puede establecer esta clase de obligaciones o exacciones.

Por otra parte, la Ley 18/2022 prevé que la facturación electrónica será exigible también en el futuro a las personas físicas, pero tras un periodo transitorio que aún no ha concluido. También con buen criterio: para los muchos pequeños autónomos representa un sobreesfuerzo que no era razonable imponerles después del impacto que en ellos tuvo la pandemia.

Me permito, como inciso de leguleyo —mis disculpas—, transcribir un párrafo de la Exposición de Motivos de esta última ley :

Resulta lógico que las empresas de menor tamaño cuenten con un periodo transitorio desde la aprobación de su desarrollo reglamentario para la implementación de la factura electrónica obligatoria, mientras que las grandes empresas, con mayor músculo financiero, encaren la transición en una primera etapa conforme a lo indicado en la disposición final octava.

A mi alegación de la prescripcion legal, lo que se me responde es que la ordenanza municipal de San Fernando exige que los autónomos facturemos vía FACe, que así lo recoge el decreto que aprobó el gasto —y que nunca se me notificó de forma fehaciente ni leí, bastante me costó poder sacar el tiempo para acudir a la Feria— y que me instale un programa que sirve para hacerlo y genere la factura electrónica o si no, no cobro.

No era la primera vez que me pasaba. Ya otros interventores de otros ayuntamientos me lo habían exigido antes. A todos bastó alegarles la ley arriba citada para que reconsideraran su exigencia y me permitieran facturar en papel —o en PDF con firma electrónica, como prefirieran—, porque tal es mi derecho en tanto que persona física. Un derecho que me han corroborado no pocos interventores de otros ayuntamientos e instituciones, algunos de la propia provincia de Cádiz. Una interventora llegó a decirme: «Cada año tramito miles de facturas en papel. Claro que preferiría hacerlo vía FACe, me da mucho menos trabajo, pero es el derecho del ciudadano y hay que respetarlo».

En el Ayuntamiento de San Fernando tienen otra teoría. Que con una ordenanza municipal se puede derogar una ley estatal y obligar a todos los autónomos a un gasto económico y administrativo que no les es legalmente exigible. No dejan de invocar cierta cobertura, una norma que permite con carácter general digitalizar las relaciones con los administrados, aunque es muy discutible —así lo entiende la inmensa mayoría de las administraciones— que sirva para sortear una ley estatal que es taxativa y que tiene además una ratio que a nadie se le escapa: no sobrecargar con exigencias administrativas costosas a los administrados con menos recursos, o, dicho en plata, que no disponen un departamento encargado de la tarea.

Insistí, fue en vano. O me doblegaba, o presentaba recurso.

No soy de doblegarme ante las injusticias. Por otra parte, si me doblegaba, teniendo en cuenta que lo que me iba a quedar limpio de la factura después de pagar mis impuestos —como hago religiosamente— iba a ser apenas 300 euros, perdía dinero, entre el tiempo que me llevaba y lo que me costaba cambiar todo mi sistema de facturación. De modo que presenté el recurso administrativo.

Nunca me respondieron. Esa fea costumbre de la administración española. He estado todos estos meses meditando si interponer el recurso contencioso-administrativo, que pensaba hacer yo mismo: a fin de cuentas uno sigue siendo abogado, y si me buscaba uno iba a costarme más el collar que el perro, cosa que sabe bien quien me aboca a la vía judicial. Entre medias pasaron cosas, surgieron otras prioridades de las que te impone la vida, relacionadas con mi familia y mi profesión.

Hoy, víspera de Reyes, he decidido que no voy a recurrir. Prefiero contar esta historia en público, en apoyo de mis compañeros autónomos que trabajan para el Ayuntamiento de San Fernando, y a los que se les impone por arbitrio municipal una exigencia onerosa de la que las leyes de su país los eximen.

Que quien así lo hace lo justifique y lo defienda.

Tampoco voy a cambiar mi sistema de facturación. Lo haré cuando la ley me lo imponga, como asumo el resto de obligaciones, cargas e impuestos que las leyes de mi país, en el que deseo vivir, establecen sobre mí y sobre mi actividad.

En resumen: como mi regalo de Reyes a la ciudad de San Fernando, condono aquí formal, pública e irrevocablemente la deuda. El Ayuntamiento de San Fernando dispone así de unos cientos de euros que le ruego destine a juguetes para los niños sin recursos de la localidad. Prefiero que de toda esta triste historia salga algo bueno, antes que dilapidar mi tiempo redactando demandas y el de la justicia, que tan sobrecargada está, dirimiendo esta nadería. Puedo renunciar a ese dinero.

Así me lo impone, ya me lo disculparán, mi querencia de narrador. Porque me gusta que las historias acaben bien. Y me gusta San Fernando, la tierra de mi querida Chamorro, cuyos paisanos, a fin de cuentas, no tienen la culpa de nada.

Felices Reyes.

5 enero, 2025